Desproporción: Aumenta el gasto en publicidad, baja el presupuesto para derechos humanos

Por Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH)

En los últimos 3 años, el presupuesto para publicidad aprobado por la Legislatura porteña tuvo un aumento significativo: $ 275.314.436 en 2013, $ 435.673.167 en 2014 y $ 848.544.474 este año. Puede apreciarse su incremento inaudito. Y si analizáramos los montos efectivamente ejecutados,  beneficiados por las reasignaciones presupuestarias, veríamos que son aún mayores.

El gobierno de Mauricio Macri otorgó al Grupo Clarín más pauta oficial porteña que a ningún otro proveedor. En el período 2011/2014 el multimedio Clarín recibió $ 250,7 millones; La Nación recibió $ 41,3 millones; Fox-News Corp $ 36,7 millones; Turner-Time Warner $ 16,7 millones. El acumulado de fondos con “proveedor sin identificar” alcanza la segunda posición en volumen de dinero invertido, con $ 229,9 millones. Estos fondos corresponden a proveedores de globos, afiches y cartelera en la vía pública[1].

Los diez grupos empresariales que más pauta recibieron del GCBA, acumularon entre 2011 y 2014 $ 797.781.043, el 69% del total.[2]

Empresarios cercanos al jefe de gobierno asoman en el listado. Entre ellos, Orlando Roberto Terranova y Eduardo Raúl Terranova, dueños de MDZ FM 105.5 y el portal mdzol.com (en conjunto sumaron $ 4.111.093 en el período analizado). Orlando Terranova es dueño de Publicidad Sarmiento (empresa ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño) y padre del piloto de rally Orly Terranova, que fue candidato del PRO a concejal en Mendoza en 2010. En el mismo período, el grupo Televida-Alonso de Mendoza (dueño de Canal 9, LV 10, FM 100.9 y el diario El Sol), recibió $ 944.376 del Gobierno porteño. Según la misma fuente, el Canal 4 de Posadas, cuya titularidad se disputaron en 2011, Carlos Ernesto Valenzuela y allegados a su ex socio, Ramón Puerta (amigo personal de Macri, enrolado ahora en el Frente Renovador) sumó $ 4.654.711. El grupo Aldrey Iglesias, con fuerte influencia en Mar del Plata y la Costa Atlántica, ingresó $ 4.041.071. Cadena 3, que tiene gran cobertura en Córdoba y el centro del país recibieron $ 3.682.817. Los canales 9 de Paraná y 10 de Mar del Plata, $ 3.160.144. Televisión Litoral-Grupo Golland de Rosario, $ 2.351.176 y el Grupo Raúl Kraiselburd, de La Plata, $ 1.812.391. Los medios de la Iglesia Católica, que sólo en la ciudad de Buenos Aires cuenta con cuatro FM, ingresaron $ 1,4 millones.

Por su parte, en la Legislatura Porteña se han presentado pedidos de informes porque presumen que hay pautas publicitarias fantasmas en la contabilidad porteña. Por estas mismas razones existen al menos 8 denuncias penales realizadas en contra del Jefe de Gobierno, el Secretario de Medios y el Secretario de Comunicación Social.[3]

 

Los vetos de Macri como mecanismo de encubrimiento

En diciembre de 2009, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley 3391 de Regulación de la Publicidad Oficial en toda la administración pública porteña. Esta ley preveía “regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución” de la pauta oficial y “establecer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines” los cuales debían ser ejercidos por la Legislatura Porteña. De los 19 artículos que contenía el proyecto de Ley, el jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó mediante el decreto 122/2010[4], los 9 artículos, quitándole la esencia de los objetivos a esta ley. Tal como informa la página de normativa del GCBA se encuentra no vigente[5].

Esto debe contraponerse con el análisis de las áreas más sensibles del presupuesto porteño[6]: Salud, Educación y Vivienda; las cuales, lejos de verse beneficiadas con aumentos presupuestarios, no alcanzaron ni siquiera a sostener los niveles de inversión pública.

Conforme un informe reciente[7], analizando el Plan Plurianual de Inversiones 2015-2017 se observa que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el que mayor asignación tiene para obras ($3.631.179.993), lo que representa un 10,7% más de lo asignado en 2014. Esta suma supera ampliamente la asignada a carteras vinculadas directamente con la garantía de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el Ministerio de Educación (que tiene asignados $ 1.219.001.903) y el de Salud (que tiene asignados $ 873.712.999).

En ese mismo informe se detalla cosas que parecieran insólitas, pero no lo son. La decoración navideña del micro-centro tiene asignado u presupuesto de 8 millones de pesos. Mientras que las obras de Reconstrucción integral de Hospital Ramos Mejía, tienen asignado $ 6.390.000. La instalación de bares en parques públicos tiene una partida de $ 3.000.000, mientras que la totalidad de las obras presupuestadas para la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social suman $ 2.500.000. Una partida $ 65.000.000 de Mantenimiento interno del Microcentro se contrapone con la de la totalidad de las obras presupuestada para la Unidad de Gestión e Intervención Social que corresponden a villas y asentamientos, que suman $ 27.573.260. Del mismo modo que la partida de para Barrios de Buenos Aires, solo contempla a los barrios de Puerto Madero -$ 30.000.000- y las Cañitas -$ 5.000.000. Mucho menor es la suma que se asigna a los trabajos del Instituto de Vivienda de la Ciudad para realizar en Villa 3, que suman solo $ 935.000.

Resulta paradigmático el caso del Hospital Garrahan, que sufrió una reducción del 18,5% este año en los aportes que correspondían al gobierno porteño. Esto afecta la continuidad de las obras que se realizan para mejorar la calidad de la atención como también la adquisición de insumos.[8] Este centro asistencial, considerado máximo referente de la salud pública y de complejidad, tiene proyectado un presupuesto de 2.300.000.000 de pesos para el 2015 de los cuales el 50% los aporta la Ciudad de Buenos Aires y el resto el gobierno nacional.

Otro ejemplo es la desaparición de los aportes del GCBA a los Sitios de Memoria de la Ciudad, los cuales fueron transferidos al Estado Nacional en materia de su administración, ya que el GCBA los había desfinanciado[9]. La Legislatura había aprobado en el presupuesto 2010 una partida de 6,3 millones de pesos para obras destinadas a la recuperación y preservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), pero unos $ 5 millones fueron restringidos, quedando tan sólo $ 1,3 millones para realizar tareas en los espacios de preservación de la memoria que funcionan en la ciudad[10]. Como queda de manifiesto, los montos que necesarios para estos sitios históricos no eran exorbitantes, sin embargo la decisión política del Gobierno de la Ciudad, al igual que con el Hospital Garrahan, fue la de dejarlos sin recursos. Debido a este tipo de situaciones el Estado Nacional propició el acuerdo para tener a su cargo a los Sitios de Memoria de la Ciudad.

En materia de Vivienda, la muerte del joven que cayó al ceder la baranda del edificio en Villa Soldati da cuenta de la desidia con la que el GCBA aborda los reclamos de los sectores vulnerables. La Ciudad tenía presupuesto para hacer obras pero no lo invirtió. El Instituto de la Vivienda porteño ejecutó durante el primer trimestre de 2015 apenas el 9,3% del presupuesto asignado al área. El Programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, que incluye el edificio donde el joven Cristian Crespo falleció, sólo se ejecutó 17,6 millones de pesos de un total de 195,3[11]. De la misma manera, la mayoría de las villas y asentamientos de la CABA ha tenido que recurrir a la justicia mediante acciones de amparo para intimar al Gobierno de Macri a intervenir a efectos de reducir el riesgo de posibles incendios, por falta de tendido eléctrico en condiciones básicas de seguridad[12]. Lo mismo ocurre con la provisión de agua potable, el ingreso de las ambulancias a esos barrios, entre muchos otros reclamos que debieron realizarse a través de los Tribunales y que aún así son incumplidos.

La gestión del PRO ha puesto de manifiesto una asignación presupuestaria que prioriza los gastos superfluos, con fines de promoción de sus supuestos actos de gobierno, por sobre la efectivización de los Derechos Humanos en el ámbito de la CABA.

Como se pone de manifiesto, los montos necesarios para garantizar la vida, la vivienda y salud de las personas están disponibles en la ciudad, pero es la decisión política del Estado local la que otorga mayor importancia al aparato de publicidad y propaganda que al bienestar de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, la constitución de la Ciudad obliga al gobierno a garantizar los derechos humanos de sus habitantes. Por ello, advertimos que en ese afán propagandístico hay un obrar inconstitucional que es necesario desenmascarar.

Si a esto le sumamos los casos de corrupción de la gestión PRO, que se han conocido recientemente, concluimos que el Jefe de Gobierno Mauricio Macri no cumple con la asignación constitucional de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar los derechos a la salud, la educación y la vivienda de los habitantes de esta ciudad, pero vehiculiza partidas para publicidad o cajas negras, desatendiendo sus responsabilidades constitucionales.

En este sentido, por el equivalente de los supuestos contratos que el Gobierno de la Ciudad celebró con Fernando Niembro (aproximadamente 23 millones de pesos), podrían asignarse partidas para más de 3 reconstrucciones integrales de Hospitales, como las atribuidas al Hospital Ramos Mejía. Del mismo modo, si las fondos pagados a las asociaciones vinculadas al diputado del PRO Eduardo Amadeo hubiesen sido aplicados a las mejoras de Villa 3, ese presupuesto se habría quintuplicado y se avanzaría hacia el goce de servicios públicos por parte de los habitantes de ese barrio.

Ante ello, como ODH, denunciamos públicamente que la utilización de plata negra o amarilla por parte del Gobierno PRO no solamente es cuestionable desde el punto de vista ético sino que tiene una directa correlación con los fondos que faltan para garantizar los derechos humanos de la ciudad. Por ende, esos manejos turbios no solo están reñidos con la moral, sino con la Constitución.

[1]              Data Buenos Aires

[2]              http://www.lanacion.com.ar/1776914-la-proyeccion-nacional-y-regional-de-macri-el-eje-del-reparto-de-la-pauta-oficial-de-la-ciudad

[3] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-282287-2015-09-23.html

[4] http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/documentos/boletines/2010/02/20100202.pdf

[5] http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php

[6] https://odhbsas.wordpress.com/informes/

[7] http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/Documentos-ACIJ.-Presupuesto-y-Derechos-Sociales-en-la-Ciudad-de-Buenos-Aires.-Julio-2015.pdf

[8] http://www.telam.com.ar/notas/201412/89529-denuncian-que-la-reduccion-presupuestaria-del-gobierno-porteno-al-hospital-garrahan-afectara-obras-e-insumos.html

[9] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-245843-2014-05-09.html

[10] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-148124-2010-06-23.html

[11] http://www.infonews.com/nota/247115/la-clave-para-entender-la-muerte-en-villa-soldati-subejecucion-en-vivienda

[12] http://mundovilla.com/indexMV.php

 

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