Macri se decidió a proteger a los testigos

El jefe de gobierno fue conminado por la justicia a hacerlo. Beneficiará a quienes declaren en causas de lesa humanidad.

Gerardo Aranguren (Tiempo Argentino, 17/10/2014)

Con seis años de retraso y luego de tres fallos judiciales en su contra, el jefe de gobierno Mauricio Macri reglamentó esta semana la Ley de Asistencia y Contención de los Querellantes y Víctimas del terrorismo de Estado.
La puesta en funcionamiento de la norma, sancionada en 2008 por la Legislatura porteña, era reclamada por organizaciones de Derechos Humanos. Finalmente, fue hecha el martes pasado con el Decreto 400/14, que tiene la firma de Macri y del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
El decreto, publicado por el Boletín Oficial el miércoles pasado, establece la creación del “Programa de asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado”, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría porteña de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a cargo de Claudio Avruj.
Ese organismo “instrumentará y articulará estrategias a fin de implementar la creación de un equipo especial que brinde asistencia psicológica, social y jurídica a los beneficiarios del programa”, señala el texto.
También sostiene que, para optimizar el funcionamiento del programa, “deberán articularse estrategias conjuntas con organismos (…) de otras jurisdicciones, con el objeto de evitar superposiciones que podrían derivar en procesos de revictimización”. Además del acompañamiento, la norma se propone realizar un “seguimiento integral” del proceso de investigación de los crímenes cometidos que permita cumplir con los fines de asistencia y contención.

CINCO AÑOS DE CAJONEO. La propia ley estableció que el Poder Ejecutivo porteño debía reglamentarla 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial, hecho que ocurrió en enero de 2009. Al cumplirse ese plazo, organismos de Derechos Humanos recurrieron a la justicia de la Cuidad y en tres ocasiones ésta ordenó a la administración macrista que pusiera en funcionamiento el texto de la ley.
En mayo de 2012, a partir de una denuncia de HIJOS y del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), el juez Juan Cataldo ordenó por primera vez la reglamentación. Lo mismo reiteró en 2013 la Cámara en lo Contencioso Administrativo y, ante la demora, en septiembre la jueza Elena Liberatori multó a la Ciudad por el incumplimiento.

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