La urbanización de la 31 volvió a la Legislatura

Las últimas 2 reuniones de Asesores de la Comisión de Vivienda funcionaron como escenario político en el que volvió a abordarse el proyecto de urbanización de Villa 31.
Durante el primero de los encuentros, los asesores del PRO intentaron correr el eje del debate, planteando que las tierras no pertenecen al Estado de la Ciudad, argumento que vienen esgrimiendo hace varios años para evitar avanzar en la concreción de la radicación formal del asentamiento como un barrio más de la ciudad.
Sin embargo, en la reunión de la tarde del 9, la visita del autor del proyecto urbanístico, arquitecto Javier Fernández Castro, disipó todo atisbo de dudas sobre la solvencia del proyecto, ponencia que no dejó espacio para nuevas chicanas del bloque PRO.
El proyecto había sido replanteado en Septiembre del año pasado por la Comisión de Vivienda de la Legislatura, tras diversas reuniones en la que los vecinos del barrio exigían el tratamiento del expediente. A partir del proceso electoral y la merma en el trabajo legislativo, la discusión se había empantanado, hasta el presente ciclo legislativo.
La propuesta, que cuenta con el consenso de todo el arco opositor de la Ciudad (FpV, CC, Proyecto Sur, UCR, etc.), fue elaborada por el despacho de la diputada (MC) Rocío Sánchez Andía con base en un dictamen firmado por diferentes órganos de Ciudad y Nación, junto con los vecinos del barrio, como consecuencia de una mesa de trabajo convocada en 2010, en cumplimiento de la Ley N° 3.343.
A pesar de enunciar una supuesta voluntad de urbanizar el barrio, el PRO, a través del manejo espurio de las comisiones, dilató el tratamiento del proyecto y se negó a votarlo en el recinto durante todo el período 2013. Al mismo tiempo, se dieron a conocer declaraciones de la senadora nacional por el macrismo Gabriela Michetti, en las que enunció la intención de su fuerza política de colocar dichas tierras al servicio de la especulación inmobiliaria.
En la misma línea, en la reunión de Comisión de Vivienda del lunes 23 de septiembre de 2013, el entonces director Fernando Trabucco, del PRO, leyó una serie de “propuestas” de exclusión de personas que no tendrían derecho a la vivienda digna en las Villas 31 y 31 bis, entre ellos, las personas con causas penales; con hijos en edad escolar que no cumplieran con la asistencia obligatoria a la escuela; y quienes tuvieran deudas con la Ciudad, entre otras. Además insinuó la posibilidad de ofrecer dinero para que los vecinos escogieran el desalojo del polígono de la villa de Retiro.
De concretarse en una propuesta, dicho ensayo discursivo sería abiertamente inconstitucional, pues el artículo 31 CCABA refiere al derecho a la vivienda digna promoviendo “la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva”.
En este sentido, en la sesión del 28/09/1996 de la Convención Constituyente, el convencional Eduardo Jozami explicó el espíritu de este artículo: “Los habitantes de las villas de emergencia deben ver resuelto su problema de vivienda de acuerdo con el criterio de la radicación en el lugar”.
Por su parte, la convencional María Elena López completó: “La idea de aludir a la integración urbanística tiene que ver con la integración de todos esos asentamientos al resto de la Ciudad; urbanizar es abrir calles, es instalar luz, proveer de agua y abrir plazas donde se pueda”.
Por ende, ningún proyecto puede contemplar el traslado de los habitantes del barrio ni imponer nuevas condiciones a los habitantes de la Ciudad para ejercer su derecho humano a la vivienda.
Por el contrario, el proyecto abrazado por el barrio y las fuerzas de la oposición regula “el proceso de urbanización y radicación del Barrio 31 Carlos Mugica”, tal como establece su artículo 1º; delimita el polígono a urbanizar, incluyendo al barrio San Martín, sector que fue poblado con posterioridad a la sanción de la Ley 3.343; aprueba un anteproyecto urbano, describiendo las diferentes acciones a realizar en el trazado del barrio, tales como aperturas de calles, pasillos, parques y consolidación de viviendas; establece la necesidad de relocalización —dentro del perímetro del barrio— de aquellas viviendas que se encuentran en sectores destinados a otros fines; define el diseño, adjudicación y financiación de las viviendas nuevas; fija un porcentaje del presupuesto general de la Ciudad para la ejecución de las obras a encarar, y refiere a la regularización del dominio de inmuebles a favor de sus habitantes, entre otras disposiciones.
Con el impulso de los vecinos nucleados en la Mesa de Urbanización y Radicación Padre Carlos Mugica, y organizaciones barriales, el proyecto logró la rúbrica de 31 legisladores que suscribieron un documento de intención por el que se comprometían a acompañar la propuesta.
Con el recambio legislativo, los vecinos de la Mesa de Urbanización y las organizaciones que los acompañan han tejido los lazos legislativos para el reimpulso de la propuesta desde la Comisión de Vivienda, ya que de no ser sancionada la ley durante este período, el proyecto volvería a perder estado parlamentario, como ya le ocurrió en 2012, a partir de las trabas del PRO.
Por su parte, la Comisión de Vivienda ha sido definida como “clave” por la mayoría de las fuerzas políticas, en atención al grave déficit habitacional que se agravó en la ciudad desde la llegada del PRO a la Jefatura de Gobierno. Tal es así que los principales referentes de las 3 fuerzas más importantes de la Legislatura integran dicha Comisión. Entre ellos están Cristian Ritondo (PRO), Paula Penacca (FPV), Marcelo Ramal (FIT) y Gustavo Vera (Verde Alameda). A su tiempo, la presidencia se encuentra a cargo de Javier Gentilini (Proyecto Sur- UNEN).
En este marco, las organizaciones villeras tienen cifrada sus esperanzas en que esta nueva composición de la Legislatura pueda impulsar la propuesta hasta llegar a votarla en el recinto. A partir de las reuniones de este mes, si algo queda claro es que le queda escaso margen dilatorio al oficialismo porteño, por lo que la aprobación del dictamen cuenta con nuevos bríos que hacen pensar que por fin pueda cumplirse el sueño del padre Mugica, a 40 años de su asesinato: hacer de la villa de Retiro un barrio obrero.

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