Informe anual del ODH por Telam


La entidad mencionó la “subejecución presupuestaria” en materia educativa, “desmantelamiento del programa Puentes Escolares, cierre de grados, persecución política, docentes apartados y modificación de planes de estudios”, entre otros reparos.

En relación a la salud, el informe destacó la existencia de “problemas en la atención primaria”, la situación del Hospital Borda y “ausencia de atención del SAME en las villas”; en tanto que respecto del acceso a la vivienda se enumeró déficit en la urbanización de la Villa 31, las relocalizaciones en Camino de Sirga y a desalojos constantes.

“La gestión PRO sigue haciendo política con un claro sesgo ideológico anclado en la exclusión social en beneficio de capas medias y altas de la sociedad”, consideró la asociación, que acusó al gobierno porteño de cometer una “acción deliberada por omisión en la protección de los derechos humanos al incumplir sus obligaciones con personas en situación de riesgo”.

El Gobierno porteño se niega a reglamentar la ley 2.939, que regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado, reseñó el informe.

“Lejos de planificar soluciones para quienes duermen en las calles, el gobierno de la Ciudad interpreta que las aceras, veredas y plazas deben `limpiarse`, como si se tratara de eliminar un residuo social”, subrayó el documento.

A través de “violentos desalojos” de personas en situación de calle, vendedores ambulantes, puesteros, artesanos, manteros y artistas callejeros, “el gobierno local intenta ocultar planificadamente signos de pobreza en la Ciudad”, consideraron.

“Mientras tanto, PRO mantiene firme su polémico proyecto de ley que fija parámetros para permisos de uso del espacio público, otorgando a empresas privadas la concesión del mismo, lo que pretende privatizar parques y plazas para lucrar con la venta de comidas y bebidas”, agregó.

A pesar de la recomendación de la OIT sobre la promoción de las cooperativas, Mauricio Macri lesionó gravemente estas normas mediante el veto a la ley 4.008, que protegía a las 29 empresas recuperadas organizadas en cooperativas.

“El BAP, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad precariza laboralmente a 1300 trabajadores contratados y 500 tercerizados”, según denunciaron los representantes sindicales.

En tanto, se puso de relieve que el servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Durand fue cerrado en junio por falta de personal y, luego de un mes, reabierto parcialmente, evidenciándose la “falta de designaciones de profesionales médicos y de enfermería que provocó un brote de bronquiolitis y el aumento de la mortalidad infantil en la Ciudad”.

El informe fue presentado esta noche en el auditorio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), en Bartolomé Mitre 1984 de la Capital Federal.

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