El proyecto anti-trapitos es inconstitucional

A continuación reproducimos la nota publicada en Tiempo Argentino del 18/11/11.

Por Laura Rodríguez Campos y Demian Konfino y Rosario Creixent Observatorio de DD HH de la Ciudad de Buenos Aires.
Convirtiendo conductas que ya son delitos en contravenciones y bajando los ‘requisitos’, para hacer incurrir en dicha conducta a seres humanos por ‘simple portación de cara’ volvemos al ejercicio tácito de los ya superados ‘edictos policiales’.
 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) se opone a la sanción de la reforma del Código Contravencional propuesta por el Poder Ejecutivo de la Ciudad que busca prohibir la actividad de “cuidacoches” y “limpiavidrios”. Este proyecto es inconstitucional, ya que viola el principio de inocencia, la garantía del debido proceso y el derecho a la igualdad, por ser un claro caso de “criminalización de la pobreza”. 
Las actividades de limpiavidrios o cuidacoches no están reguladas ni existe mecanismo alguno para obtener autorización legal para ejercerlas. La propuesta del PRO crea una figura sancionatoria por falta de autorización legal sin instrumentar antes la posibilidad de obtener este permiso. Además, es ineficaz para resolver los problemas de seguridad y desvía la verdadera atención que merece hoy la política de seguridad en la Ciudad: el adecuado funcionamiento de la Policía Metropolitana, de acuerdo a la ley de seguridad pública.
El proyecto oficial presentado a la Legislatura el 26 de septiembre de 2011 pretende modificar el art. 79 del Código Contravencional porteño. Elimina la necesidad de “exigir retribución” para sancionar a quienes cuiden coches sin autorización legal, e incorpora el art. 79 bis que estipula como contravención el ofrecimiento de limpiar vidrios de vehículos que circulan en la vía pública. Para los infractores se establecen sanciones de multas o prisión.
El proyecto no apunta a proteger los bienes ni la vida de los porteños, sino a eliminar del paisaje urbano las “molestias” que para los habitantes –con categoría de “vecinos” según el gobierno porteño– implicaría la existencia de indigentes que pretenden cuidar un automóvil o limpiar un parabrisas. 
La propuesta no se ocupa de establecer medidas preventivas de, por ejemplo, los delitos de robos o hurtos que los porteños sufren diariamente, incluso a metros de las comisarías. Ni siquiera se fundamenta en estadísticas que demuestren que los “cuidacoches” o “limpiavidrios” son aquéllos que luego cometen delitos. Al contrario, ninguna de las acciones previstas como contravención afecta la integridad física o los bienes de nadie. Si el “cuidacoches” o el “limpiavidrios” amenaza, extorsiona y/o lesiona entonces le corresponden las sanciones que ya se encuentran previstas en el Código Penal y la Ley 1472.
Si lo que preocupa es la actividad de los “trapitos” en los alrededores de grandes eventos deportivos o musicales, esta se puede disuadir mediante operativos conjuntos de las reparticiones con competencia en seguridad y tránsito. La existencia de las mafias –reconocida en la propuesta legislativa– es producto de la negligencia del Estado y de la complicidad de las Policías Metropolitana y Federal. Y, en todo caso, de la posterior negligencia de la justicia. Para combatir a las mafias, actualmente, el gobierno y la justicia tienen herramientas suficientes: se requiere de decisión política y estrategias conjuntas. La normativa propuesta sólo apunta a castigar al más débil. Resulta notable la hipocresía jurídica que se intenta generar: la aprobación de este proyecto deja a las verdadera mafias, que existen y son fácilmente individualizables, fuera del ámbito del Código Penal por el simple pago de una multa –que sí podrán afrontar– y detienen a quienes hacen de esas tareas su real medio de subsistencia para paliar la pobreza.
En este sentido, se dispone la pena de privación de la libertad, ya que quienes se dedican a estas dos actividades, son mayormente personas indigentes y –muchas– en situación de calle que no podrían acceder a pagar las multas de $ 2000, previstas en la norma.
Con la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo porteño la actividad de “cuidar coches” y “limpiar vidrios” podrá ser reprimida de un modo aun mayor que para aquel que “hostigue, maltrate, intimide” a otros. A esto se le suma, la eliminación del término “exigir” bajo el pretexto de evitar el “inconveniente probatorio”. Esto es atentatorio del principio de inocencia y del debido proceso. Así, el proyecto califica como “impracticables para la protección debida por el Estado”, requisitos básicos de un proceso punitivo legal, tales como contar con testigos que hayan presenciado el hecho y probar la conducta reprochable. Todo lo cual es incompatible con un estado de Derecho. De este modo, convirtiendo conductas que ya son delitos en contravenciones y bajando los “requisitos”, para hacer incurrir en dicha conducta a seres humanos por “simple portación de cara” volvemos al ejercicio tácito de los ya superados “edictos policiales”, a través de los cuales la Policía Metropolitana estaría facultada a detener a cualquiera que tenga un trapo en la mano, pudiendo quedar detenido de tres a cinco días.
Este ODH propugna por regular las actividades, tal como lo han hecho otras capitales del mundo (el caso de Montevideo). Regulada la actividad y controladas las mafias -que operan con connivencia policíaca-, la actual legislación resulta más que suficiente para sancionar a quienes cometen delitos bajo la apariencia de cuidar coches o limpiar vidrios. En definitiva, se trata de un proyecto que repudia el orden constitucional y, por ende, esperamos sea rechazado por los legisladores.*
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