Macri sigue violando la Constitución

Nuevamente, la Justicia viene a enderezar los desvíos legales de la gestión macrista en la ciudad de Buenos Aires. La Constitución es un valladar insoslayable para cualquier gobierno, de cualquier ideología. El Poder Judicial sigue recordandoselo al Jefe de Gobierno, sin que éste rectifique el sistemático incumplimiento al que nos sometió su gestión.

La Justicia ordenó a Macri implementar una Ley para víctimas de la dictadura


La Jueza Elena Liberatori ordenó al Jefe de Gobierno la ciudad mediante una medida cautelar, que disponga el acompañamiento, contención y apoyo psicológico al autor del amparo Carlos Pisoni, integrante de la agrupación HIJOS, en carácter de testigo y querellante en causas por delitos de Lesa Humanidad.

El expediente 41958/0, que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N°6 fue presentado esta tarde por la agrupación H.I.J.O.S. y el ODH (Observatorio de Derechos Humanos) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se implemente la Ley N° 2.939 de “Asistencia y Contención de los Querellantes y Víctimas del terrorismo de Estado” votada por la Legislatura, aprobada hace tres.

La Ley establece que el Estado de la Ciudad debe garantizar a las víctimas, testigos y querellantes de las causas por delitos cometidos por el terrorismo de Estado, entre otras cosas: acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio, asistencia psicológica y derivación a atención especializada si fuera necesario.

El veto encubierto de una ley de este tipo demuestra que Mauricio Macri no tiene interés o no está a la altura del proceso histórico de Justicia por los crímenes de lesa humanidad. Los hechos juzgados corresponden a delitos aberrantes cometidos hace 30 años e impunes hasta ahora. Los sobrevivientes y testigos reviven el horror cuando dan testimonio, quedando en situaciones de vulnerabilidad que hacen que la contención y acompañamiento sean imprescindibles.

De esta manera, H.I.J.O.S. y el ODH requirieron el auxilio de la Justicia para subsanar la desidia con que actúa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pone en serio riesgo la salud de los testigos y querellantes en juicios por crímenes cometidos por la dictadura, comprometiendo -al mismo tiempo- la verdad histórica.

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